La resolución del Gobierno de “forzar” la fijación de “precios justos” de los electrodomésticos, y en los próximos días de los sectores textil, calzado, juguetes, ferretería y vehículos, para así frenar el espiral inflacionario -que acumula 45,8% en 10 meses- alarmó a los gremios empresariales.

Fedecámaras y Consecomercio pidieron al Ejecutivo apegarse a las estructuras de costos reales de cada área, en su intento de controlar el avance de los precios, y además ajustarse a las penalizaciones fijadas en las leyes para quienes incumplen las normas, porque de lo contrario se agravará la escasez que ya supera 20% en el año.

El presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, explicó que los 22 subsectores del comercio están sujetos a regulaciones, por lo que llamó a “respetar las estructuras de costos y dejar un margen de ganancias que permita que el mercado fluya, porque de otro modo los productos tenderán a desaparecer del mercado”.

El petitorio obedece a la rebaja unilateral de precios que ejecutó el Gobierno en electrodomésticos el fin semana, mientras -este domingo- anunció que fijará márgenes de ganancia de “todos los productos” para evitar la usura.

Ante los efectos que causaron los anuncios -alteraciones del orden público y saqueo de mercancía- el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, no descartó que se inicie una “cacería de brujas” contra el sector comercial”, con consecuencias negativas para el abastecimiento y la productividad.

Rebatiña y escasez

Roig señaló que el modelo económico impulsado por el gobierno ha creado una relación “perversa” entre el sector público y privado, y que lejos de ser corregida abriendo el mercado de divisas y estimulando la producción, se ataca permanentemente a los que producen.

“Una vez que se acabe esta rebatiña, vamos a encontrar más desabastecimiento y los anaqueles vacíos. La gente no va a reponer inventarios, algunos abandonarán la rama”, sostuvo al solicitar que los procesos de fiscalización se cumplan con el debido proceso y le permitan el derecho a la defensa a los privados.

El presidente de Fedecámaras reconoció que en las más de 600 mil empresas que operan en el país puede haber acciones contrarias a la Ley, pero negó que este gremio fomente las irregularidades. “La Fedecámaras que yo presido no está en esa posición”, sostuvo.

Llamó la atención que la mayoría del empresariado aún espera por la aprobación de los dólares Cadivi para cancelar la “elevadísima deuda que tienen con sus proveedores”, y por ello instó al gobierno a publicar las compañías que han recibido divisas preferenciales, para determinar quiénes son los especuladores.

Alta inflación

La situación que enfrenta el sector comercial, de acuerdo a los economistas, es producto de las distorsiones que atraviesa la economía, y que han hecho que el país ostente la más alta inflación de América Latina.

El director de Econométrica, Ángel García Banchs, expone que a diferencia de sus socios comerciales, el gobierno venezolano optó por elevar la liquidez -dinero circulante- mediante la impresión de billetes sin respaldo, presionando la inflación y el tipo de cambio paralelo.

Refiere que buena parte de esos recursos, al no poder orientarse a la adquisición de bienes debido a la baja productividad y escasez, se dirigen al mercado paralelo, elevando su precio -cotiza ocho veces por arriba de la tasa oficial- y éste marca los costos de varias agrupaciones del índice inflacionario.

“En los países de la región no hay populismo, salvo en Argentina, que está usando controles de precios y de cambio como en Venezuela y ya muestra una avanzada inflación”, señaló.

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, también criticó las medidas, al considerar que se apunta a que “las causas están fuera del Gobierno”, cuando también cree que la expansión monetaria -liquidez- es la principal impulsadora de los precios.

El coordinador de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, desacreditó la tesis de que los desequilibrios económicos tienen base en la política monetaria y cambiaria.

Alegó que “se está tratando de desvirtuar o desargumentar la acciones del gobierno”, cuando “grupos económicos que recibieron dólares preferenciales están vendiendo con sobreprecio”.

A su juicio, la acciones contra los comercios están dentro del marco legal.

Fuente: El Tiempo